La empresa Oleoductos de los llanos y las etnias Achagua y Piapoco acordaron una reparación de 3,446 millones de pesos por darños.
Colombia, 24 de octubre, 2012.- Luego de 35 jornadas de consulta, la empresa Oleoductos de los Llanos (ODL) y las etnias achagua y piapoco del departamento del Meta acordaron que los indígenas serán reparados con 3 446 millones de pesos (US$ 1,913,508 aprox.) por los daños causados con la construcción de la infraestructura petrolera sin su consentimiento.
Como resultado 35 jornadas (8 preconsultas y 27 consultas) se llegó a 24 acuerdos de los 41 temas discutidos, en un proceso ordenado por la Corte Constitucional en el 2011 y dirigido por la Defensoría del Pueblo en el Meta. Según los indígenas, por el paso del oleoducto en los caños La Emma, Emmita, Umapo, y ríos Yucao y Meta , “el gobierno del agua se enfureció y los elementos de la naturaleza se afectaron y perdieron poder”.
Y por la tala de árboles, que causó efectos ambientales, espirituales, culturales y medicinales, “se enfureció el gobierno del bosque, los elementos de la naturaleza se afectaron y se ausentaron los animales que estaban allí”. La comunidad manifestó que hubo pérdida de plantas útiles, medicinales, comestibles y de uso cultural en el bosque El Diamante, como el Caraño, Saladillo, Chaparro, Sedavida, Alcornoco y Madroño, entre otros.
ODL, por su parte, afirmó que no hizo intervención en el predio El Diamante, y que realizó la actividad de la construcción dentro de los permisos y licencias otorgados.
Asimismo, en las consultas se llegó a la conclusión de que con la construcción del oleoducto existió riesgo de accidentes para los miembros del resguardo, por el tránsito de vehículos, camiones y maquinaria.
Por otro lado, la ODL propuso que el municipio acuerde con los indígenas un protocolo del corredor vial, además, la empresa se comprometió a reforzar las medidas de prevención que usan sus empleados y contratistas.
El dinero ya fue girado por la ODL al cabildo indígena y la Defensoría del Pueblo debe presentar informes periódicos de seguimiento del cumplimiento de los compromisos acordados.
Además, será la Contraloría General de la República la que vigilará que el dinero sea ejecutado con transparencia en bienestar de las comunidades.
Fuente: Servindi.