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Lote 192: Estado no garantiza consulta previa y quiebra el diálogo

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(Foto: CooperAcción)

Este martes 22 por la tarde se rompió el diálogo que venían desarrollando los Apus de las cuatro cuencas de la Amazonía Norte con representantes del Estado para solucionar el conflicto en torno al Lote 192. El punto de discordia fue la negativa, por parte de los funcionarios del Gobierno, a garantizar que se cumplirá con el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas para el nuevo contrato de concesión que regirá por 30 años. Ante ello, luego de un cuarto intermedio, los 25 representantes de comunidades presentes en la reunión y sus organizaciones, decidieron dar 20 días para tener una respuesta positiva. De lo contrario, anunciaron que no permitirán que continúe la actividad petrolera en la zona.

El Gobierno viene evitando responder sobre la realización de esta consulta previa, que las comunidades consideran indispensable para proteger sus territorios y otros derechos vulnerados históricamente. Meses atrás, las federaciones hicieron oficial una Petición de Consulta ante el Ministerio de Energía y Minas, la misma que fue respondida de manera confusa con una primera carta y luego, con una segunda carta que era una "aclaración" a la anterior. (Ver: Consulta para Lote 192 exigen las federaciones indígenas)

La semana pasada, diversas comunidades protestaron en Nuevo Andoas cerrando el aeródromo y bloqueando la carretera petrolera para exigir consulta y solución a los problemas ambientales. El viceministro de Gobernanza Territorial y una delegación oficial viajaron a la zona el viernes para iniciar un diálogo. En ese contexto, se esperaba que el diálogo realizado en Lima entre las federaciones y el Estado tuviera resultados positivos para avanzar hacia una solución, pero nuevamente la negativa a garantizar los derechos indígenas atiza el conflicto.

El diálogo logró algunos avances en el tema de la remediación ambiental. Por un lado, se acordó el inicio del Estudio Técnico Independiente (acuerdo del acta del 10/3/2015), el cual deberá establecer recomendaciones para remediar los más de 2 mil puntos contaminados. Al respecto, se estableció un plazo de 20 días para emitir una resolución que transfiera fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este estudio además elaborará Términos de Referencia para una intervención similar en el Lote 8. También se informó sobre la nueva legislación en hidrocarburos que permitirá solucionar el actual vacío legal que ha llevado a que aún no exista un Plan de Abandono aprobado para el Lote 1AB (hoy 192), tras varias y reiteradas observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas a los planes presentados por el anterior operador Pluspetrol desde el 2016. El ministerio se comprometió a aprobar la norma en 30 días. Ambos puntos forman parte de un reclamo reiterado de las comunidades y organizaciones desde hace varios meses atrás.

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(Foto: CooperAcción)

También se trataron otros puntos, como monitoreo ambiental en el Lote 8, educación, acciones para electrificación de comunidades y otros. Queda pendiente aún el compromiso de garantizar la continuidad del diálogo multisectorial con las federaciones indígenas de las cuatro cuencas.

Como se recuerda, los pueblos indígenas vienen luchando para solucionar la gravísima problemática ambiental ocasionada por más de 45 años de operación petrolera. En el agua y suelo de la zona se han encontrado altas concentraciones de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo y bario, además de contaminantes derivados del petróleo. Estos elementos provocan enfermedades graves incluyendo cáncer y mutaciones congénitas, lo que pone en riesgo la vida y salud de la población, particularmente de los niños y niñas. Son cuatro las cuencas afectadas: los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, donde habitan alrededor de 100 comunidades nativas, con una población de miles de personas.

En ese sentido, garantizar una Consulta Previa que permita dialogar sobre cuáles van a ser las condiciones ambientales y sociales a establecer en el nuevo contrato de licitación, que tendrá 30 años de vigencia, es fundamental para las organizaciones indígenas.

23 de agosto de 2017

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