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Lote 192: Comunidades del río Corrientes exigen consulta y remediación ambiental

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Compartimos el pronunciamiento de comunidades indígenas del río Corrientes que exigen consulta previa y remediación ambiental en el marco de la licitación del Lote 192:

 

Pronunciamiento

En asamblea los días 4, 5 y 6 de agosto de 2017 en la comunidad Pampa Hermosa, las comunidades Providencia, Santa Rosa, San José, San José de Porvenir, Nuevo Paraíso, Nuevo Triunfo, Trompeteros, San Ramón, Antioquia, Sauki, Nuevo Jerusalén, Nuevo Nazareth, José Olaya y Pampa Hermosa, manifiestan en unanimidad ser, desde este momento, integrantes de la organización indígena FECONACOR de acuerdo a sus estatutos. A partir de ello manifestamos de manera pública los siguientes puntos respecto a la problemática que padece la cuenca, el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado con nuestras comunidades y las amenazas de la contaminación y la actividad petrolera en nuestros territorios.

  • Exigimos que la empresa Pluspetrol cumpla su obligación ambiental de remediar todos los impactos generados en el Lote 1AB (hoy 192), por medio de un Plan de Abandono que integre los más de 2 mil sitios contaminados por la actividad petrolera en el lote, los cuales han afectado millones de metros cuadrados aun sin calcular y sin valorar. De la misma forma, exigimos que se cumpla la remediación total del Lote 8, el cual debe estar incluido en un Instrumento de Gestión Ambiental que asegure su real cumplimiento. También exigimos al Estado, por medio del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que garantice y aseguré efectivamente estos mecanismos. El Estado debe garantizar que se remedie el daño generado en los territorios de nuestras comunidades para que este no siga impactando en la vida del bosque, de los animales y de nuestras familias y futuras generaciones.
  • Exigimos que se respete de forma estricta nuestro derecho a la Consulta Previa e Informada frente a la negociación directa que realiza actualmente el estado peruano y su empresa Perupetro para el Lote 192. No permitiremos que el Estado decida solo y nos condene a 30 años más de daños y atropellos. Exigimos que se detenga la negociación directa que se hace en torno al Lote 192, tal como lo han señalado la relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el relator de la ONU sobre sustancias y desechos tóxicas y el grupo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU. Asimismo, exigimos que se transparente la situación de lo que va del proceso. Advertimos que en el uso de nuestro derecho legítimo al control territorial, no permitiremos que nadie ingresen a nuestro territorio si no somos consultados de buena fe, tal como lo indican las normas y estándares nacionales e internacionales. El Estado debe saber que el pueblo achuar, el pueblo urarinas junto con los otros pueblos del Lote están en una sola visión: Defender su derecho a la vida, a un ambiente equilibrado y a decidir sus prioridades de desarrollo y buen vivir.
  • Exigimos una reunión de alto nivel con tomadores de decisiones, con quienes se haga el balance de las actas firmadas con los pueblos indígenas del Acta del 10 de Marzo, Teniente López y José Olaya, así como se toquen los temas de Consulta y Plan de Abandono del Lote 1Ab y 192. La reunión debe considerar a presidentes de organizaciones indígenas, dos apus y una madre indígena de comunidades y a los asesores, todos financiados por el Estado.
  • Exigimos que desde el Estado se generen los mecanismos legales y de financiamiento necesarios para la reapertura del Programa de Vigilancia Ambiental Indígena Comunitaria, el cual ha quedado desactivado desde agosto de 2015. Es gracias a nuestro histórico programa de monitoreo que el Estado peruano pudo conocer la real situación ambiental del Lote 192 y Lote 8, así como acceder a lugares que la empresa petrolera no había reportado. Este programa debe ser financiado con recursos producto de la extracción de petróleo en los lotes 8 y 192, y administrado de manera independiente por FECONACOR.
  • Las comunidades reunidas reconocen a FECONACOR como su única organización, legalmente registrada y legítimamente electa; de igual forma, FECONACOR es nuestra única interlocutora válida en los espacios de diálogo que sostienen nuestras comunidades con instituciones públicas o empresas. Asimismo, la asamblea deja abierta la posibilidad de afiliación a aquellas comunidades que desde la parte baja del Corrientes (Lote 8) desean incorporarse a FECONACOR. Rechazamos con firmeza la usurpación que un grupo de personas hicieron de FECONACO, mediante métodos fraudulentos (falsificación de firma de la directiva, falsificación de asambleas y colusión para la corrupción). Este grupo y sus aliados ha pretendido destruir la institucionalidad indígena del pueblo achuar y urarinas; nosotros no lo permitiremos.

 

El pueblo achuar y urarinas del Corrientes, ha sido paciente y ha tratado de entender al Estado, y por ello, ha sufrido divisiones, abusos y acciones que están causando problemas internos, cuando el Estado debería estar promoviendo la paz, el desarrollo y nuestro Buen Vivir.

A partir de este momento le decimos al Estado que tomaremos las medidas que nos corresponden por Ley, para hacer saber nuestro malestar y nuestra preocupación por el riesgo a los que el Estado nos somete y nos quiere someter.

Pampa Hermosa, 6 de agosto de 2017

Caso Afrodita: Cordillera del Cóndor en riesgo por posible minería artesanal

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(Foto demuestra obras y maquinaria pesada en la zona)

Según testimonios de la zona, la polémica Compañía Minera Afrodita estaría ensayando una nueva estrategia para explotar las reservas de oro en la Cordillera del Cóndor. Según relataron al Vigilante Amazónico líderes locales, funcionarios de la empresa se habrían acercado a algunas familias cercanas al río Comainas para ofrecerles que sean ellas mismas las que soliciten la concesión para explotar el territorio y se conviertan así en mineros artesanales. Esto viene generando conflictos y divisiones al interior de las comunidades y organizaciones indígenas.

Pueblos wampis y Awajún expulsan a mineros ilegales

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(Foto: Jacob Balzani)

Ante la ausencia de respuesta y accionar del gobierno central, frente a un conocido problema social y medio ambiental, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis desalojó campamentos mineros ilegales de la quebrada Pastacillo.

La movilización se dio durante la mañana del jueves 13 de julio de 2017. Sin embargo, la problemática viene de años atrás y esta no ha sido la primera intervención en la zona. El desalojo se dio de manera pacífica, sin embargo, mientras avanzaba el día, las represalias empezaron a llegar.

13 de julio, 2017. Quebrada Pastacillo.

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(Foto: Jacob Balzani)

Alrededor de 100 indígenas wampís, en coordinación con la municipalidad distrital de Río Santiago, se movilizaron durante la mañana hacia Pastacillo. Su misión era desalojar los asentamientos de minería ilegal y destruir las dragas. La ausencia de respuesta del gobierno central fue su motivación.

"Somos los wampís y la Municipalidad de Santiago los que nos hemos visto forzados a tomar estas acciones en nuestras manos, esta vez sin intervención de la Fiscalía, ni de la Policía Nacional, debido a la falta de interés del Estado de abordar esta problemática.", indicó Wrays Pérez, presidente del GTA Wampís. A su vez, solicitó la pronta presencia de las fuerzas del orden para evitar represalias en contra de quienes "hemos hecho frente a los mineros en la defensa de nuestro territorio"

Wampís y awajún de diversas comunidades entre ellas: Chosica y Huabal, se movilizaron hacia Pastacillo. Nuevamente los "soplos" parecieron no faltar y al llegar, la zona se encontraba sin mineros, solo llegaron a confiscar y destruir una draga. No hubo resistencia. No hubo enfrentamientos. La gente se movilizo hacia el puerto La Poza (Galilea), donde sospechaban podría encontrarse el resto de la maquinaria.

13 de julio, 2017. Puerto La Poza (Galilea)

Durante la tarde, luego de la intervención, wampis y awajún se reorganizaron en el puerto para retornar hacia sus comunidades. En ese momento, un peque-peque se aproxima: lo abordaban un grupo de personas con machetes, lanzas y piedras en las manos. El contraaataque de los mineros logró herir a cinco personas adultas wampis, entre hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad de Huabal. Estas personas han sido atendidas en el centro de salud local. Por el momento, la población está calmada, pero la mayoría rechaza la minería.

Como siempre, el Estado ausente

Durante los últimos cinco años este territorio viene siendo deforestado por el avance de la minería ilegal. 20 hectáreas han sido arrasadas por el incesante avance de dragas en dos turnos de 12 horas, para "no desperdiciar el día"; con motores sin apagar operando en los cauces de los ríos las 24 horas, los 7 días. Barriles de mercurio adornan el deforestado escenario cada vez que las dragas avanzan a la siguiente hectárea.

La quebrada Pastacillo está dentro de los 1.3 millones de hectáreas que conforman el territorio Wampís, aunque una parte le pertenece a una comunidad Awajún, Yutupis.

La minería ilegal en Pastacillo no es nueva ni desconocida para el gobierno central. Tanto en el 2013 como en el 2015, la Marina de Guerra del Perú en coordinación con el Alto Comisionado en asuntos de minería ilegal que pertenecía a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), entraron a la zona y destruyeron algunas maquinarias. Sin embargo, los mineros esconden y hunden sus motores y máquinas pues "el soplo" parece no faltar. Sólo tres días cesan los motores, solo tres días las dragas dejan de trabajar; luego del operativo, todo vuelve a continuar.

Ya el 7 de abril de 2016, autoridades del distrito de Río Santiago enviaron un oficio a Jorge Luis Trigoso Rodríguez, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua. El oficio reportaba la actividad ilegal en la quebrada Pastacillo, su ubicación y la cantidad de dragas en la zona. Además, solicitaba una pronta intervención en el área.

Posteriormente, el 2 de noviembre del 2016, líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTA Wampís) se reunieron con representantes del Ministerio del Interior, el Jefe operaciones del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe de operaciones de la Policía Nacional del Perú, la DICAPI (Dirección general de capitanía y guardacostas), representantes de la PCM y el despacho del congresista Wilbert Rozas.

En esta reunión, el GTA Wampís buscaba hacer notar la necesidad de implementar Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por las Fuerzas Armadas y encargadas de acercar los servicios del Estado a las comunidades, para fortalecer los Comités de Vigilancia Comunitarios ya organizados por los wampís (Acta de reunión PCM-ONDS 2016-11-02). Además, se acordó planificar y llevar a cabo un nuevo operativo de interdicción en la quebrada Pastacillo. (https://gtawampis.files.wordpress.com/2017/07/gta-02-11-2016-actapcm_20170706173642.pdf)

Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna intervención por parte del Estado. Y el operativo previsto nunca salió del oficio. Frente a ello, los pueblos wampis y awajún decidieron defender su territorio de la minería ilegal.

(Con información de CAAP, Mongabay y Radio Bomba)

14 de julio de 2017

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