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Lote 192: Plazo para Consulta en cuenta regresiva

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(foto: Cortesía)


Tras el fallido diálogo de la semana pasada, los líderes indígenas de la Amazonía norte anunciaron un plazo de 20 días para que los funcionarios del Gobierno se comprometan a garantizar la consulta previa para el nuevo contrato del Lote 192. Al día de hoy, quedan 11 días de dicho plazo y aún no se conoce de una respuesta por parte del Estado. De no obtener una respuesta, las federaciones han anunciado el reinicio de movilizaciones.


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(foto: Observatorio Petrolero de Amazonía Norte)


El pasado martes 22 de agosto, representantes de 16 comunidades no obtuvieron una respuesta que asegure su derecho a consulta. Los funcionarios de la PCM y del Ministerio de Energía y Minas señalaron que no pueden “adelantar opinión” pues hay un contrato vigente hasta enero de 2019. Las comunidades exigían un acta donde, más allá de fechas, se señale que se respetará su derecho a consulta.

Según han señalado los apus, la consulta previa es fundamental para garantizar que se incluyan en el nuevo contrato cláusulas claras y específicas que obliguen a la empresa a cumplir con condiciones ambientales y sociales adecuadas. “Sin consulta no hay petróleo”, han señalado, pues no están dispuestos a repetir otra vez la trágica historia de 47 años de explotación petrolera irresponsable y destructora. “No vamos a repetir la misma historia”, dice el apu Carlos Sandi, representante de comunidades achuar. Ellos exigen que se les consulte; de lo contrario, “no aceptamos que sigan explotando los recursos de nuestros territorios” han advertido.

Tras más de una década de diálogos diversos y pocos cambios reales, las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT y sus comunidades desconfían profundamente del Estado. Han denunciado poca transparencia ante las gestiones actuales para la elaboración de un nuevo contrato a 30 años.

También han padecido reiteradas y flagrantes muestras de mala fe sobre su derecho a consulta. Exactamente hace dos años, estas mismas comunidades indígenas fueron excluidas arbitrariamente del anterior proceso de consulta del mismo lote.

Tras el término del anterior contrato con Pluspetrol, actualmente está vigente un contrato de servicios por dos años con Frontera Energy Corp. A causa de la suspensión del transporte de petróleo por las continuas roturas y derrames en el oleoducto norperuano, el plazo para el contrato se extenderá hasta 2019.

Luego de esa fecha, el Estado firmará un contrato de concesión a 30 años, el que además –según la Ley 30357 aprobada el 2014- debería dar prioridad a la estatal PetroPerú. Esta empresa ya fue titular del cercano Lote 8 en el período 1977-1996, generando grandes impactos ambientales que las comunidades indígenas no están dispuestas a permitir otra vez.

Cabe recordar, además, que Pluspetrol dejó más de 2 mil sitios impactados y que aún no se hace responsable de su remediación por la ausencia de un Plan de Abandono.

Según informó recientemente la ministra Cayetana Aljovín, PetroPerú podría operar el Lote 192 asociado a Frontera Energy Corp. De ser así, la negociación directa entre PerúPetro y el consorcio PetroPerú-Frontera Energy podría iniciar en cualquier momento, y dicho proceso tiene un plazo de tres meses en los que se definen los términos del contrato.

Con todos estos antecedentes, los pueblos indígenas demandan una consulta previa que se realice en plazos adecuados, con la debida anticipación para que ello garantice cláusulas ambientales y sociales adecuadas. 

 

01 de septiembre de 2017

 

Lote 192: Estado no garantiza consulta previa y quiebra el diálogo

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(Foto: CooperAcción)

Este martes 22 por la tarde se rompió el diálogo que venían desarrollando los Apus de las cuatro cuencas de la Amazonía Norte con representantes del Estado para solucionar el conflicto en torno al Lote 192. El punto de discordia fue la negativa, por parte de los funcionarios del Gobierno, a garantizar que se cumplirá con el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas para el nuevo contrato de concesión que regirá por 30 años. Ante ello, luego de un cuarto intermedio, los 25 representantes de comunidades presentes en la reunión y sus organizaciones, decidieron dar 20 días para tener una respuesta positiva. De lo contrario, anunciaron que no permitirán que continúe la actividad petrolera en la zona.

El Gobierno viene evitando responder sobre la realización de esta consulta previa, que las comunidades consideran indispensable para proteger sus territorios y otros derechos vulnerados históricamente. Meses atrás, las federaciones hicieron oficial una Petición de Consulta ante el Ministerio de Energía y Minas, la misma que fue respondida de manera confusa con una primera carta y luego, con una segunda carta que era una "aclaración" a la anterior. (Ver: Consulta para Lote 192 exigen las federaciones indígenas)

La semana pasada, diversas comunidades protestaron en Nuevo Andoas cerrando el aeródromo y bloqueando la carretera petrolera para exigir consulta y solución a los problemas ambientales. El viceministro de Gobernanza Territorial y una delegación oficial viajaron a la zona el viernes para iniciar un diálogo. En ese contexto, se esperaba que el diálogo realizado en Lima entre las federaciones y el Estado tuviera resultados positivos para avanzar hacia una solución, pero nuevamente la negativa a garantizar los derechos indígenas atiza el conflicto.

El diálogo logró algunos avances en el tema de la remediación ambiental. Por un lado, se acordó el inicio del Estudio Técnico Independiente (acuerdo del acta del 10/3/2015), el cual deberá establecer recomendaciones para remediar los más de 2 mil puntos contaminados. Al respecto, se estableció un plazo de 20 días para emitir una resolución que transfiera fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este estudio además elaborará Términos de Referencia para una intervención similar en el Lote 8. También se informó sobre la nueva legislación en hidrocarburos que permitirá solucionar el actual vacío legal que ha llevado a que aún no exista un Plan de Abandono aprobado para el Lote 1AB (hoy 192), tras varias y reiteradas observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas a los planes presentados por el anterior operador Pluspetrol desde el 2016. El ministerio se comprometió a aprobar la norma en 30 días. Ambos puntos forman parte de un reclamo reiterado de las comunidades y organizaciones desde hace varios meses atrás.

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(Foto: CooperAcción)

También se trataron otros puntos, como monitoreo ambiental en el Lote 8, educación, acciones para electrificación de comunidades y otros. Queda pendiente aún el compromiso de garantizar la continuidad del diálogo multisectorial con las federaciones indígenas de las cuatro cuencas.

Como se recuerda, los pueblos indígenas vienen luchando para solucionar la gravísima problemática ambiental ocasionada por más de 45 años de operación petrolera. En el agua y suelo de la zona se han encontrado altas concentraciones de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo y bario, además de contaminantes derivados del petróleo. Estos elementos provocan enfermedades graves incluyendo cáncer y mutaciones congénitas, lo que pone en riesgo la vida y salud de la población, particularmente de los niños y niñas. Son cuatro las cuencas afectadas: los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, donde habitan alrededor de 100 comunidades nativas, con una población de miles de personas.

En ese sentido, garantizar una Consulta Previa que permita dialogar sobre cuáles van a ser las condiciones ambientales y sociales a establecer en el nuevo contrato de licitación, que tendrá 30 años de vigencia, es fundamental para las organizaciones indígenas.

23 de agosto de 2017

Nuevo Andoas: continúa movilización y se busca diálogo

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(Foto: PUINAMUDT)

El lunes 14 de agosto se informó que comuneros y comuneras quechuas de Nuevo Andoas iniciaron una movilización pacífica que incluyó el cierre del aeródromo del Lote 192 y de un tramo de la carretera del mismo lote, operado por la empresa Frontera Energy (llamada antes Pacific Stratus). La protesta se da porque siguen sin cumplirse los acuerdos del Acta firmada en el 2015 que incluye temas como remediación ambiental, consulta previa, titulación, entre otros.

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