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Pueblos wampis y Awajún expulsan a mineros ilegales

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(Foto: Jacob Balzani)

Ante la ausencia de respuesta y accionar del gobierno central, frente a un conocido problema social y medio ambiental, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis desalojó campamentos mineros ilegales de la quebrada Pastacillo.

La movilización se dio durante la mañana del jueves 13 de julio de 2017. Sin embargo, la problemática viene de años atrás y esta no ha sido la primera intervención en la zona. El desalojo se dio de manera pacífica, sin embargo, mientras avanzaba el día, las represalias empezaron a llegar.

13 de julio, 2017. Quebrada Pastacillo.

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(Foto: Jacob Balzani)

Alrededor de 100 indígenas wampís, en coordinación con la municipalidad distrital de Río Santiago, se movilizaron durante la mañana hacia Pastacillo. Su misión era desalojar los asentamientos de minería ilegal y destruir las dragas. La ausencia de respuesta del gobierno central fue su motivación.

"Somos los wampís y la Municipalidad de Santiago los que nos hemos visto forzados a tomar estas acciones en nuestras manos, esta vez sin intervención de la Fiscalía, ni de la Policía Nacional, debido a la falta de interés del Estado de abordar esta problemática.", indicó Wrays Pérez, presidente del GTA Wampís. A su vez, solicitó la pronta presencia de las fuerzas del orden para evitar represalias en contra de quienes "hemos hecho frente a los mineros en la defensa de nuestro territorio"

Wampís y awajún de diversas comunidades entre ellas: Chosica y Huabal, se movilizaron hacia Pastacillo. Nuevamente los "soplos" parecieron no faltar y al llegar, la zona se encontraba sin mineros, solo llegaron a confiscar y destruir una draga. No hubo resistencia. No hubo enfrentamientos. La gente se movilizo hacia el puerto La Poza (Galilea), donde sospechaban podría encontrarse el resto de la maquinaria.

13 de julio, 2017. Puerto La Poza (Galilea)

Durante la tarde, luego de la intervención, wampis y awajún se reorganizaron en el puerto para retornar hacia sus comunidades. En ese momento, un peque-peque se aproxima: lo abordaban un grupo de personas con machetes, lanzas y piedras en las manos. El contraaataque de los mineros logró herir a cinco personas adultas wampis, entre hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad de Huabal. Estas personas han sido atendidas en el centro de salud local. Por el momento, la población está calmada, pero la mayoría rechaza la minería.

Como siempre, el Estado ausente

Durante los últimos cinco años este territorio viene siendo deforestado por el avance de la minería ilegal. 20 hectáreas han sido arrasadas por el incesante avance de dragas en dos turnos de 12 horas, para "no desperdiciar el día"; con motores sin apagar operando en los cauces de los ríos las 24 horas, los 7 días. Barriles de mercurio adornan el deforestado escenario cada vez que las dragas avanzan a la siguiente hectárea.

La quebrada Pastacillo está dentro de los 1.3 millones de hectáreas que conforman el territorio Wampís, aunque una parte le pertenece a una comunidad Awajún, Yutupis.

La minería ilegal en Pastacillo no es nueva ni desconocida para el gobierno central. Tanto en el 2013 como en el 2015, la Marina de Guerra del Perú en coordinación con el Alto Comisionado en asuntos de minería ilegal que pertenecía a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), entraron a la zona y destruyeron algunas maquinarias. Sin embargo, los mineros esconden y hunden sus motores y máquinas pues "el soplo" parece no faltar. Sólo tres días cesan los motores, solo tres días las dragas dejan de trabajar; luego del operativo, todo vuelve a continuar.

Ya el 7 de abril de 2016, autoridades del distrito de Río Santiago enviaron un oficio a Jorge Luis Trigoso Rodríguez, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua. El oficio reportaba la actividad ilegal en la quebrada Pastacillo, su ubicación y la cantidad de dragas en la zona. Además, solicitaba una pronta intervención en el área.

Posteriormente, el 2 de noviembre del 2016, líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTA Wampís) se reunieron con representantes del Ministerio del Interior, el Jefe operaciones del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe de operaciones de la Policía Nacional del Perú, la DICAPI (Dirección general de capitanía y guardacostas), representantes de la PCM y el despacho del congresista Wilbert Rozas.

En esta reunión, el GTA Wampís buscaba hacer notar la necesidad de implementar Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por las Fuerzas Armadas y encargadas de acercar los servicios del Estado a las comunidades, para fortalecer los Comités de Vigilancia Comunitarios ya organizados por los wampís (Acta de reunión PCM-ONDS 2016-11-02). Además, se acordó planificar y llevar a cabo un nuevo operativo de interdicción en la quebrada Pastacillo. (https://gtawampis.files.wordpress.com/2017/07/gta-02-11-2016-actapcm_20170706173642.pdf)

Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna intervención por parte del Estado. Y el operativo previsto nunca salió del oficio. Frente a ello, los pueblos wampis y awajún decidieron defender su territorio de la minería ilegal.

(Con información de CAAP, Mongabay y Radio Bomba)

14 de julio de 2017

Representante awajun: “Estamos en defensa de la Cordillera del Cóndor, de la Amazonía indígena"

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En una reciente entrevista(1), Zebelio Kayap, representante del pueblo indígena awajun que habita los territorios de la Cordillera del Cóndor (parte de lo que conocemos como el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, distrito de Amazonas), denunció los nuevos intentos de la empresa minera Afrodita de explotar oro en pleno bosque indígena amazónico.

Consulta para Lote 192 exigen las federaciones indígenas

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Jueves 22 de junio de 2017.- Gran preocupación ha causado entre las comunidades indígenas de la selva norte la posibilidad de que no se realice consulta previa respecto del nuevo contrato del Lote 192. Ante la incertidumbre y la poca claridad por parte de los representantes del Estado, las comunidades que son parte de la zona de influencia del Lote 192 (antes 1-AB) formularon ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas una petición de consulta previa. Esta solicitud fue respondida primero mediante un oficio de fecha 6 de junio, que señala que, de acuerdo a la oficina general de asesoría jurídica del MINEM, "no corresponde realizar un nuevo proceso de consulta previa" bajo el argumento de que la consulta ya se realizó en 2015. Para aumentar la confusión, hoy 22 de junio las federaciones han recibido un segundo oficio cuyo asunto indica "Aclaración de Oficio No 1025-MEM/DGAAE". Este nuevo oficio indica que "la determinación de la pertinencia o no de realizar un proceso de consulta previa se evaluará al momento de la culminación del contrato de servicio temporal". Es decir, "hablamos luego".

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Oficio de "aclaración" que no aclara qué ocurrirá con la consulta previa


En su primer oficio, la DGAAE señala que "el proceso de consulta efectuado en dicho lote abarcó la suscripción del contrato de servicios temporal como el posterior contrato de licencia o servicios para la explotación de hidrocarburos".

Como se recuerda, actualmente está vigente un contrato de servicios por el lapso de dos años, mediante el cual la empresa canadiense Pacific Stratus Energy viene operando el mayor lote petrolero del país desde agosto de 2015. Este contrato va a ser ampliado por 12 meses más, a causa de la paralización de la producción en el Lote, ya que el Oleoducto Norperuano suspendió su actividad a causa de los derrames ocurridos. Al término del contrato, se deberá definir un nuevo contrato por 30 años, y por Ley aprobada el 2015 la estatal PetroPerú está autorizada para hacerse cargo de la operación, lo que se haría en alianza con otro socio. Según la reciente exposición de Milton Rodríguez, gerente general de PerúPetro, ante la comisión de Pueblos del Congreso de la República, ya está avanzando una negociación directa entre ambas empresas del Estado (PetroPerú, la empresa petrolera; y PerúPetro, la empresa responsable de promover la actividad hidrocarburífera).

Esta "negociación directa" preocupa a las federaciones indígenas, debido a su poca transparencia.

Las federaciones indígenas exigen:

  • la consulta previa para el nuevo contrato, puesto que un contrato temporal de 2 años es muy distinto de uno con un horizonte de 30 años, y un contrato de licencia tiene condiciones y compromisos muy distintos a los de un contrato de servicios.
  • incorporar dentro del contrato salvaguardas ambientales y sociales específicas, pues es la manera más efectiva de garantizar que el nuevo operador esté obligado a su cumplimiento. Para las comunidades afectadas por esta operación, fijar condiciones para los próximos 30 años de operación de Lote 192 es fundamental.

 

Tema aparte es la solución a la gravísima problemática ambiental de la zona tras más de 40 años de extracción de petróleo, responsabilidad de los anteriores operadores estatales y privados, en particular del más reciente: Pluspetrol. En el agua y suelo de la zona se han encontrado altas concentraciones de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo y bario, además de contaminantes derivados del petróleo. Estos elementos provocan enfermedades graves incluyendo cáncer y mutaciones congénitas, lo que pone en riesgo la vida y salud de la población, particularmente de los niños y niñas. Son tres las cuencas afectadas: los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, donde habitan unas 20 comunidades nativas, con una población de miles de personas.

La solución a esta problemática se encuentra paralizada pues aún no existe un Plan de Abandono aprobado que defina las responsabilidades que debe asumir PlusPetrol. "Pluspetrol presentó en enero de 2015 el Plan de Abandono del Lote 1AB, instrumento de gestión ambiental para cuando una empresa deja de operar un lote (el contrato del lote terminaba en agosto de 2015). En junio del mismo año el documento fue rechazado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), pues comprendía la remediación de todos los sitios impactados. Después de un año, en julio de 2016 (esperando condiciones favorables con el cambio de gobierno) la petrolera presentó otro plan, pero este ¡es el mismo el anterior!; es decir, excluye el total de sitios impactados. El MINEM en enero de 2017 ha vuelto a observar el documento" ("Top 5 de Pluspetrol: vicios y barbaridades en el Perú", por Renato Pita y Mario Zúñiga).

En cuanto al fondo de contingencia de 50 millones de soles aprobado por el Estado, éste considera la atención inicial a 32 sitios contaminados, pero según la información de la propia empresa existen más de 2 mil puntos afectados.

La lentitud en resolver la problemática ambiental, sumada a la poca transparencia y claridad respecto al proceso de consulta exigido por las comunidades, nuevamente atizan el conflicto social en una de las zonas más contaminadas del país.

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Foto referencial: FEDIQUEP

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