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Amazonas: piden activar protocolo de protección para defensores amenazados

La Defensoría del Pueblo a través de una carta dirigida al Ministerio de Justicia solicitó que se active el “Protocolo para Garantizar la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Perú”, para los tres líderes Awajún que vienen siendo amenazados tras denunciar actividades ilícitas en la comunidad de Tuutin y Nuevo Kanam, ubicadas en El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. 

Los defensores Awajún, Augostina Mayan Apikai, Zebelio Kayap Jempekit y Hortez Baitug Wajai, pertenecientes a la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), denunciaron en enero de este año las amenazas que vienen recibiendo por parte de mineros ilegales. A través de gestiones con la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos lograron que la Subprefectura de Condorcanqui les otorgue garantías personales el 12 de febrero . 

Foto: Odecofroc

Sin embargo, pese a contar con estas garantías las amenazas continúan, pues a 10 días de darse esta orden, los defensores denunciaron dos nuevos atentados contra su integridad. El primero fue un intento de derrumbar la casa y la chacra del presidente de Odecofroc, Hortez Baitug, con una motobomba, equipo que fue decomisado por el dirigente en defensa propia. 

El segundo fue la instalación de una draga en una chacha cerca a la comunidad de Tuutin y Nuevo Kanam, perteneciente a una beneficiaria del programa que realiza Odecofroc en conjunto con CooperAcción. 

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo a través de una carta dirigida a Edgardo Rodríguez Gómez, director de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, solicitó el 18 de febrero la activación del Procedimiento de Alerta Temprana, del “Protocolo para Garantizar la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Perú”. 

Esto, tras notificar a través de la carta las razones por las que se debería considerar a Augostina Mayan Apikai, Zebelio Kayap Jempekit y Hortez Baitug Wajai, defensores de Derechos Humanos, por “las amenazas que vienen recibiendo en represalia a su labor en la defensa de los derechos humanos y ambientales”. 

Solicitan informe de denuncias 

La Defensoría del Pueblo también se dirigió a Flor de María Vega Zapata, Fiscal Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público para solicitar información sobre el estado de las denuncias presentadas el pasado 10 de febrero por los defensores sobre presuntas actividades de minería ilegal y otros delitos en el Cenepa,  para que se realicen las correspondientes acciones de interdicción. Asimismo, solicitaron a dicha institución realizar el seguimiento de las denuncias presentadas.

En la carta dirigida al Ministerio Público, también se detalla de otras denuncias que alertó la Defensoría del Pueblo en materia ambiental sobre actividades de minería ilegal y tala ilegal en el  2017 y 2018 en la provincia de Condorcanqui. 

En la carta, dicha institución solicita al Ministerio Público “una actuación inmediata y urgente del Estado, por lo que, en el marco de nuestras competencias institucionales, recomendamos a su despacho, disponer las siguientes medidas necesarias y urgentes, a fin de realizar las acciones de investigación e interdicción”

Asimismo, solicitó según la Ley Orgánica de su institución que en un plazo no mayor de 30 días, se les informe a través de un documento detallado sobre las medidas adoptadas y por adoptar frente a las denuncias formuladas, también sobre el estado y ubicación actual de las denuncias de Hortez Baitug Wajai y Augostina Mayan Apikai. Además de la relación de investigaciones penales por delitos ambientales en El Cenepa, y cualquier otra información que considere el Ministerio Público poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo respecto a la actuación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, frente a las actividades ilícitas que se realizan en esta zona. 

Para la abogada Siu Lang Carrillo de CooperAcción,“las denuncias que deben ser tramitadas por el Ministerio Público son muy importantes porque van a permitir individualizar a las personas que promueven y realizan la minería ilegal en la zona”.

“Las personas denunciadas son las mismas desde el año 2017, 2018, 2019, y ahora 2020 2021 y eso va a permitir poder identificar a quienes se benefician con la extracción ilegal de oro en mayor medida incluso que los mismos miembros de las comunidades indígenas y va a permitir también poder controlar la economía ilegal del oro que se desarrolla en El Cenepa”, puntualizó. 

Puedes leer los oficios Aquí:

Oficio dirigido al Ministerio de Justicia

Oficio dirigido al Ministerio Público

Jueves 25 de febrero de 2021

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