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Represión, muerte y derrames en la Amazonía durante la pandemia

El día nueve de agosto se reportó que tres indígenas Kukamas fallecieron por heridas de bala, luego de una violenta represión policial en la localidad de Bretaña, ubicada en la cuenca del río Puinahua de la región Loreto, tras una jornada de protesta por la falta de atención del gobierno frente la pandemia.

La muerte de estos 3 ciudadanos ocurrió precisamente en el Día de los pueblos indígenas. Desde el sábado 8 de agosto cerca de 400 indígenas Kukamas Kukamiria de 18 comunidades llegaron hasta el campamento del Lote 95 exigiendo al Estado atención frente al COVID- 19 y a la empresa Petrotal, que opera el lote petrolero, por una mejor compensación por el uso del territorio indígena.

Imagen: El comercio

“Los hermanos indígenas no tenían armas de fuego. Solo llevaron sus flechas como herramienta de defensa ancestral, de uso tradicional y cultural con el objetivo de manifestar su rechazo e indignación por parte de las autoridades de la empresa petrolera y el estado ante el abandono y muerte de sus familiares por falta de tratamiento, medicinas por culpa del COVID-19” señaló por su parte la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) en un comunicado.

El ministro del Interior (Mininter), Jorge Montoya Pérez informó que fueron once indígenas y seis policías los que resultaron heridos, y que fueron trasladados a los establecimientos de salud de Requena e Iquitos.

Asimismo la empresa Petrotal anunció la paralización total de operaciones en el Lote 95, debido a las medidas de fuerzaIegistradas en sus instalaciones.

“Esta medida afecta directamente las operaciones del Contrato de Licencia del Lote 95, dejando de producirse petróleo y producirá un impacto social en las poblaciones vecinas donde desarrollamos actividades, el Canal de Puinahua, región Loreto, que dejará de recibir canon”, señaló Ronald Egúsquiza, gerente general de PetroTal.

La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) pidió mediante un comunicado que se esclarezcan los hechos ocurridos en el Lote 95, y demandó al gobierno central el envío de medicinas para los afectados por la pandemia, así como la instalación de energía eléctrica y agua potable en la localidad donde se ubica la empresa Petrotal.

Por su parte la Comisión de los Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República también emitió un comunicado y pidió se esclarezca lo ocurrido en el Lote 95, y la aprobación del Plan de cierre de brechas previsto en el Decreto Supremo 139-2019-PCM a favor de los pueblos indígenas.

Ministro de cultura en la zona

Tras los hechos se desplazó a la zona una comisión encabezada por el ministro de Cultura Alejandro Neyra. Ayer, en el segundo día de trabajo en la región Loreto, el ministro Neyra aseguró que las investigaciones que efectúa el Ministerio Público esclarecerán los hechos ocurridos en las afueras de las instalaciones de la empresa PetroTal.

Indicó que en la reunión con el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, se hicieron coordinaciones para fortalecer la atención en materia de salud.  Señaló que en la reunión con las autoridades locales y comunales se abordó el denominado plan de cierre de brechas que tiene que ver con demandas de infraestructura básica, agua y saneamiento y un paquete de obras públicas que ayuda a mejorar la calidad de vida de la población indígena. Neyra aseguró que la pandemia detuvo los avances en la mesa para el cierre de brecha pero que su ministerio estaba comprometido con los derechos de los pueblos indígenas

Demandas postergadas

Las comunidades indígenas Kukamas vienen planteando sus demandas desde marzo del año pasado, cuando también protestaron y solicitaron a Petrotal mejoras en los servicios de salud, e instalación de agua y desagüe en sus comunidades.

Imagen: Otto Manuyama

La empresa tuvo que paralizar sus operaciones debido al conflicto, que se solucionó cuando la petrolera se comprometió a llevar las demandas de la población ante el gobierno central.

El lote 95 fue concesionado en el 2005 a la empresa PetroTal, que tiene la licencia de explotación hasta el 2041. Abarca un territorio de más de 345 mil hectáreas en el distrito de Puinahua, en la provincia de Requena. Las operaciones de explotación iniciaron en noviembre del 2018. Actualmente se producen 12 mil barriles diarios de petróleo.

Tensión en la Amazonía

Las demandas de los Kukamas Kukamiria se dan en un clima de tensión en otras partes de la Amazonía. Durante el Estado de emergencia, las comunidades indígenas sufrieron ocho derrames de petróleo ocurridos dentro del Lote 192, actualmente a cargo de la empresa canadiense Frontera Energy.

Según las federaciones indígenas amazónicas de la zona, que agrupa a más de 100 comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, los derrames de petróleo se deben a “una infraestructura deteriorada que se cae a pedazos y sin ningún mantenimiento, por falta de prevención y una fiscalización débil”.

A inicios de marzo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) registró un derrame en la base Dorissa de Frontera Energy, ubicada en la cuenca del río Corrientes, y que afectó a la comunidad achuar Nueva Jerusalén.

Luego, según reportes del OEFA y de los monitores ambientales de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), ocurrieron otros siete derrames más.

La semana pasada un grupo de indígenas bloquearon el acceso a la Estación 5 del Oleoducto Norperuano de Petroperú, en el distrito de Saramiriza, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. La Federación Nativa Awajún del Río Apaga (Fenara) solicitaba la creación y construcción de un hospital intercultural rural, así como la instalación de un Banco de la Nación, compensación por los constantes derrames de petróleo y la construcción de la carretera Félix Flores Atahualpa.

Esperamos que el gobierno preste más atención a las demandas de los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Amazonía. Estos pueblos vienen demandando una atención prioritaria para afrontar la pandemia, considerando su especial vulnerabilidad por la postergación histórica del estado, sobre todo en cuanto a los servicios e infraestructura de salud.

11 de agosto de 2020

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