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Petroperú se rehúsa a retirar denuncias contra defensores indígenas

Foto: FEDIQUEP

El Pueblo Quechua del Pastaza  de la región de Loreto  denuncia abusos de Petroperú en sus territorios, luego de la reunión que sostuvieran dirigentes y funcionarios de la empresa Petroperú, este último jueves 12 de diciembre, en la comunidad nativa Nuevo Porvenir.

En la reunión, el pueblo quechua le exigió a las autoridades de Petroperú que cese la criminalización a sus dirigentes y exigió que retiren las denuncias hechas contra ocho dirigentes indígenas de la Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP –  de lo contrario afirmaron que no permitirán que Petroperú ingrese a su territorio.

Recordemos que Petroperú denunció, a ocho defensores indígenas, por presuntos delitos de secuestro contra el patrimonio y contra la seguridad pública por los sucesos ocurridos en las instalaciones de la estación de Andoas del Oleoducto Norperuano, en febrero de este año.

Asimismo, en la reunión, se hizo referencia al derrame del Oleoducto Norperuano en el Río Pastaza,  el pasado 25 de mayo. En su momento se denunciaron serios impactos, y hasta el momento la empresa Petroperú no ha asumido su responsabilidad.

Afirman las comunidades que se ha generado un clima de desconfianza, frente a la indiferencia de Petroperú respecto  a las demandas de las poblaciones indígenas. Hasta el momento no existe un buen clima de relacionamiento con la empresa, la cual deberá operar el lote 192 por los siguientes 30 años.

Finalmente, la reunión no llegó a buen término dado que la empresa Petroperú se rehúsa a retirar las denuncias hechas contra los ocho defensores. Frente a ello La Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) emitió un pronunciamiento este miércoles 11 de diciembre.

13 de diciembre de 2019

 

A continuación compartimos el pronunciamiento:

 

PRONUNCIAMIENTO

La Federación Indígena Quechua del Pastaza FEDIQUEP, que es parte integrante de la Plataforma de Pueblos Indígenas Unidos en la defensa de su territorio PUINAMUDT. Integrante también de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas San Lorenzo CORPI SL, base de AIDESEP pone en conocimiento de la opinión pública, lo siguiente:

El 25 de mayo del año 2018 se produjo un derrame de petróleo en el oleoducto ramal norte operado por Petroperú; contaminando al medio ambiente y afectando a las comunidades que desarrollan su vida en las orillas del río Pastaza.

Este derrame de petróleo no fue advertido por Petroperú, sino que fueron los pobladores de la comunidad nativa de Nuevo Andoas que a través de sus monitores medioambientales identificaron el foco de contaminación, sin embargo, en un primer momento Petroperú negó que haya sido el responsable del derrame y contaminación.

Producto del daño ambiental y, a exigencia e iniciativa de nuestras comunidades se iniciaron una serie de reuniones con Petroperú, alcanzando acuerdos de manera escrita y verbal, empero, estos acuerdos no se cumplen cabalmente.

Petroperú viene mostrando un trato poco amigable con nuestras comunidades, pretende imponer a través de sus funcionarios representantes aspectos que solo favorecen a los intereses de ellos, manejando un doble discurso, por un lado, manifiestan que desean tener un buen relacionamiento con nosotros, pero el actuar y el discurso de parte de sus funcionarios demuestra lo contrario.

En ese contexto, las comunidades se han visto obligadas a exigirle a Petroperú que cumplan con sus compromisos, que presten el apoyo y la ayuda a los justas demandas de los pobladores que viven afectadas por la contaminación, sin embargo, nuestros pedidos fueron tomados por parte de Petroperú como actos delictivos graves, denunciando a los líderes de las comunidades, criminalizando los pedidos de atención que necesitan los niños, las mujeres y hombres que viven en esta parte del Perú, todo con la finalidad de sembrar el miedo, reprimir y acallar nuestras necesidades.

A pesar de ello, con el ánimo de mantener un ambiente de armonía y buenas relaciones entre Petroperú y las comunidades, y en respeto de nuestra jurisdicción y costumbres protegida por el artículo 149 de la Constitución Política del Perú que establece: “Las autoridades de las comunidades (…) nativas (…) pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario (…)” solicitamos a Petroperú queretiren las denuncias que involucran a los líderes de nuestros pueblos y a los pobladores, recibiendo solo respuestas negativas, amparándose en aspectos legales que se encuentran por debajo de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Con esta actitud Petroperú demuestra que desconoce la protección especial que tienen las comunidades indígenas tanto de la Constitución política del Perú como de los Convenios internacionales suscritos por nuestro país, que defienden y protegen los intereses y derechos humanos que, también poseen los pobladores de las comunidades indígenas, y más aun, con poblaciones que se encuentran afectadas por más de 50 años producto de la contaminación petrolera.

En esa posición de diálogo que vienen demostrando nuestros pueblos, nos reunimos una vez más con los representantes de Petroperú, el día de hoy 11 de diciembre de 2019, en la comunidad nativa de Nuevo Porvenir, sin embargo, por la actitud negativa de Petroperú de retirar la denuncia presentada por ellos, contra los líderes de nuestras comunidades, nos vimos obligados a levantar el diálogo, toda vez que Petroperú desconoce la jurisdicción y costumbre de nuestras comunidades.

Es por ello por lo que, ponemos de conocimiento de la opinión pública y la sociedad peruana e internacional, tal cual les hicimos saber a los funcionarios de PETROPERÚ presentes en la reunión, que, mientras no haya solución a esta problemática ocasionada por Petroperú, no permitiremos que funcionarios de esta empresa permanezcan o ingresen a nuestros territorios y comunidades, para ello solicitamos a PETROPERÚ y al Estado peruano respetar nuestra decisión. Asimismo, no permitiremos que las empresas contratistas de Petroperú, realicen trabajos y actividades en nuestro territorio y en nuestras comunidades. Sustentamos nuestra posición en atención a la protección constitucional y convencional que garantiza nuestro derecho consuetudinario.

 

 

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