Jueves 22 de junio de 2017.- Gran preocupación ha causado entre las comunidades indígenas de la selva norte la posibilidad de que no se realice consulta previa respecto del nuevo contrato del Lote 192. Ante la incertidumbre y la poca claridad por parte de los representantes del Estado, las comunidades que son parte de la zona de influencia del Lote 192 (antes 1-AB) formularon ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas una petición de consulta previa. Esta solicitud fue respondida primero mediante un oficio de fecha 6 de junio, que señala que, de acuerdo a la oficina general de asesoría jurídica del MINEM, «no corresponde realizar un nuevo proceso de consulta previa» bajo el argumento de que la consulta ya se realizó en 2015. Para aumentar la confusión, hoy 22 de junio las federaciones han recibido un segundo oficio cuyo asunto indica «Aclaración de Oficio No 1025-MEM/DGAAE». Este nuevo oficio indica que «la determinación de la pertinencia o no de realizar un proceso de consulta previa se evaluará al momento de la culminación del contrato de servicio temporal». Es decir, «hablamos luego».
Oficio de «aclaración» que no aclara qué ocurrirá con la consulta previa
En su primer oficio, la DGAAE señala que «el proceso de consulta efectuado en dicho lote abarcó la suscripción del contrato de servicios temporal como el posterior contrato de licencia o servicios para la explotación de hidrocarburos».
Como se recuerda, actualmente está vigente un contrato de servicios por el lapso de dos años, mediante el cual la empresa canadiense Pacific Stratus Energy viene operando el mayor lote petrolero del país desde agosto de 2015. Este contrato va a ser ampliado por 12 meses más, a causa de la paralización de la producción en el Lote, ya que el Oleoducto Norperuano suspendió su actividad a causa de los derrames ocurridos. Al término del contrato, se deberá definir un nuevo contrato por 30 años, y por Ley aprobada el 2015 la estatal PetroPerú está autorizada para hacerse cargo de la operación, lo que se haría en alianza con otro socio. Según la reciente exposición de Milton Rodríguez, gerente general de PerúPetro, ante la comisión de Pueblos del Congreso de la República, ya está avanzando una negociación directa entre ambas empresas del Estado (PetroPerú, la empresa petrolera; y PerúPetro, la empresa responsable de promover la actividad hidrocarburífera).
Esta «negociación directa» preocupa a las federaciones indígenas, debido a su poca transparencia.
Las federaciones indígenas exigen:
- la consulta previa para el nuevo contrato, puesto que un contrato temporal de 2 años es muy distinto de uno con un horizonte de 30 años, y un contrato de licencia tiene condiciones y compromisos muy distintos a los de un contrato de servicios.
- incorporar dentro del contrato salvaguardas ambientales y sociales específicas, pues es la manera más efectiva de garantizar que el nuevo operador esté obligado a su cumplimiento. Para las comunidades afectadas por esta operación, fijar condiciones para los próximos 30 años de operación de Lote 192 es fundamental.
Tema aparte es la solución a la gravísima problemática ambiental de la zona tras más de 40 años de extracción de petróleo, responsabilidad de los anteriores operadores estatales y privados, en particular del más reciente: Pluspetrol. En el agua y suelo de la zona se han encontrado altas concentraciones de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo y bario, además de contaminantes derivados del petróleo. Estos elementos provocan enfermedades graves incluyendo cáncer y mutaciones congénitas, lo que pone en riesgo la vida y salud de la población, particularmente de los niños y niñas. Son tres las cuencas afectadas: los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, donde habitan unas 20 comunidades nativas, con una población de miles de personas.
La solución a esta problemática se encuentra paralizada pues aún no existe un Plan de Abandono aprobado que defina las responsabilidades que debe asumir PlusPetrol. «Pluspetrol presentó en enero de 2015 el Plan de Abandono del Lote 1AB, instrumento de gestión ambiental para cuando una empresa deja de operar un lote (el contrato del lote terminaba en agosto de 2015). En junio del mismo año el documento fue rechazado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), pues comprendía la remediación de todos los sitios impactados. Después de un año, en julio de 2016 (esperando condiciones favorables con el cambio de gobierno) la petrolera presentó otro plan, pero este ¡es el mismo el anterior!; es decir, excluye el total de sitios impactados. El MINEM en enero de 2017 ha vuelto a observar el documento» («Top 5 de Pluspetrol: vicios y barbaridades en el Perú», por Renato Pita y Mario Zúñiga).
En cuanto al fondo de contingencia de 50 millones de soles aprobado por el Estado, éste considera la atención inicial a 32 sitios contaminados, pero según la información de la propia empresa existen más de 2 mil puntos afectados.
La lentitud en resolver la problemática ambiental, sumada a la poca transparencia y claridad respecto al proceso de consulta exigido por las comunidades, nuevamente atizan el conflicto social en una de las zonas más contaminadas del país.
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Foto referencial: FEDIQUEP