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Venezuela: “El Plan Caura persigue a los indígenas, no a los mineros”

Las organizaciones Kuyujani y Medewadi denuncian atropellos a los que son sometidas las etnias ye’kuana y sanema por parte del Ejército.

Venezuela, 22 de oct.- Las organizaciones Kuyujani y Medewadi denuncian atropellos a los que son sometidas las etnias ye’kuana y sanema por parte del Ejército. Desde 2006, con la penetración de mineros ilegales en el Caura, el Gobierno ha establecido planes destinados a evacuarlos de la zona, un importante pulmón vegetal. Sin embargo, lejos de esa meta, tales programas, principalmente el Plan Caura, se han convertido en maquinarias represivas para los indígenas, según denuncian las organizaciones Kuyujani y Medewadi.

La minería ilegal sigue desangrando el corazón de uno de los pulmones vegetales más importantes de Venezuela: el Caura. Su acción en la zona del río Yuruani no sólo implica devastación ambiental; también es una influencia nefasta para las 48 comunidades indígenas aledañas que han visto cómo en menos de una década su población emigra en torno de una actividad contraria a su cosmogonía.

La Fundación Kuyujani lo sabe y por eso lanza constantes alertas sobre lo que ocurre. La última denuncia fue hecha en agosto ante todas las instituciones competentes incluyendo la cancillería y las embajadas de Brasil, Guyana y Colombia, por estar incursos ciudadanos de esos países.

Asdrúbal Sarmiento, presidente de la organización que defiende el territorio de los indígenas ye’kuana y su cultura, detalla que todos sus reclamos parecen haber sido pasados por alto. Mientras esto ocurre, los mineros avanzan en destrozos y daños a los aborígenes.

“La situación con la minería sigue igual. Ahora debe haber unos 500 mineros en el Yuruani y más de 30 máquinas. Estamos en espera de que el Ministerio del Ambiente nos diga algo, pero ya nos han informado que no hay presupuesto y que es competencia del ministerio en el estado”.

Explica el directivo que por más esfuerzos que han hecho para frenar la devastación no han conseguido apoyo. Sólo los investigadores y las ONG parecen prestarle atención a un problema tan grave en un área protegida por cinco figuras jurídicas, una de ellas reserva forestal.

Fuente: Servindi.

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