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La represa Belo Monte altera la Amazonía y arroja una sombra sobre Rio+20

la hidroeléctrica de Belo Monte es un claro ejemplo de los dilemas de una gran economia

6 de junio de 2012. En el corazón de la Amazonía, un ejército de 8.000 trabajadores y cientos de camiones y máquinas construyen la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, una obra colosal que conmociona a la región y siembra el desconcierto de los indígenas en las tierras ancestrales del río Xingú.

En momentos en que Brasil se prepara para acoger la cumbre de la ONU Rio+20 para debatir la sostenibilidad del planeta, la hidroeléctrica de Belo Monte -la mayor obra de infraestructura del país, valorada en cerca de 13.000 millones de dólares- es un claro ejemplo de los dilemas de una gran economía, la sexta del planeta.

De un lado, Brasil ha logrado reducir radicalmente la deforestación de la selva amazónica y defiende tener la matriz energética más renovable entre las grandes economías. Del otro, para desarrollarse impulsa masivos proyectos de infraestructura, incluyendo hidroeléctricas y carreteras en la Amazonía.

En un sobrevuelo en avioneta sobre el Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas con casi 2.000 kilómetros de extensión, plagado de islas y rodeado de selva, se observan kilómetros de tierra retirada y las obras avanzando a todo vapor en tres gigantescas canteras, sobre el verde paisaje y el húmedo calor.

Cerca de 900 camiones y equipos pesados trabajan 17 horas por día. A final de año serán 12.000 empleados y 22.000 en 2013. La primera turbina entrará en operación en 2015 y la última en 2019.

Belo Monte, que tuvo la oposición frontal de ecologistas y de celebridades como el cantante Sting y el taquillero director de las películas Avatar y Titanic, James Cameron, usará cemento suficiente para construir 48 estadios iguales al Maracaná. La obra del canal de 20 kilómetros que desviará el río removerá tierra equivalente a un Canal de Panamá.

El inicio de las obras, hace exactamente un año, desbordó la ciudad de Altamira, a 40 kilómetros, y los municipios vecinos, una área conectada al resto del país por la carretera Transamazónica que recorre el Estado de Pará, con sólo unos pocos kilómetros asfaltados.
Se estima que la población de unas 100.000 personas aumentó en casi 50%, los servicios de salud y educación están tan desbordados como el tránsito, los cortes de luz son crecientes y el lugar vive un ‘boom’, con construcciones y barrios enteros surgiendo por doquier, explica Vilmar Soares, coordinador de Fort Xingú, una asociación que agrupa a comerciantes, empresarios, organizaciones de barrio y religiosas.

Unas 6.000 familias se preparan para abandonar sus casas que serán inundadas por la represa.

“No quiero ir a otro lugar”, lamenta Helinalda de Lira Soares junto a sus tres hijos pequeños, orgullosa de su casa a pesar de que, como muchos de los desalojados, vive en un barrio de ‘palafitas’, las barracas de madera que se yerguen encima de palos sobre el agua, ante un desagüe lleno de basura. Ni ella ni sus vecinos saben adónde irán.

“Las obras de Belo Monte van muy rápido, y la obra social que prometieron para la ciudad y las comunidades muy lenta”, denuncia Soares.

El consorcio de la hidroeléctrica y el Gobierno están comprometidos con un multimillonario paquete de medidas, incluidos planes para el desarrollo regional y de las comunidades indígenas, escuelas y hospitales, que supera al de cualquier hidroeléctrica antes construida en el país.

El impacto sobre los más de 2.000 indígenas de esa región del Xingú es una de las grandes cuestiones que levanta la represa, que tendrá 11.233 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país), por detrás sólo de las Tres Gargantas de China y de la brasileño-paraguaya Itaipú, y que inundará 502 km2, prácticamente duplicando el espacio que ocupa ahora el río.
Belo Monte no inundará ninguna tierra indígena, pero las comunidades pueden sufrir con la pérdida de agua en el río, especialmente aquellas radicadas en la llamada ‘Volta Grande’.

“Vivimos de la pesca y vamos a sufrir una sequía muy grande en el río, nos sentimos muy amenazados”, dice a AFP Marino Felix Juruna, hijo del cacique de la comunidad Paquiçamba, que alberga a 60 familias de la etnia Juruna, casi a tres horas de Altamira en lancha rápida.

A la llegada a la aldea, situada en una pequeña loma sobre el río, con casas de madera y una miniescuela con una única aula sólo para los primeros años, sorprende una primera visión de material de construcción, flamantes antenas de televisión y nuevas lanchas de potentes motores, que los indígenas afirman recibieron de la concesionaria del proyecto, Norte Energia.

“Como los indígenas eran los únicos que representaban una amenaza a la obra con su oposición, los están cooptando con lanchas y bienes”, denuncia José Cleanton, coordinador del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de la Iglesia católica, quien alerta del peligro de mayor aculturación de esas poblaciones.

“Hay problemas con el alcohol, de abandono de las aldeas”, denuncia, reclamando el prometedor plan de desarrollo para los indígenas, que está atrasado, y del que los Juruna esperan un criadero de peces y una escuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidió en 2010 parar las obras para consultar a los indígenas. Brasil ha declinado el pedido argumentando que las comunidades fueron informadas.

“Están garantizadas la calidad de vida e integridad de los pueblos indígenas en el área de influencia” de Belo Monte, asegura la concesionaria, de fuerte presencia estatal y de grandes constructoras del país. Al autorizar las obras, los gubernamentales Instituto del medio Ambiente y Fundación del Indio aseguraron que la obra garantizará la distribución de agua suficiente para mantener los ecosistemas y los modos de vida de las poblaciones tradicionales.

Los planes de desarrollo en la Amazonía, como las grandes carreteras que cruzan el estado de Pará donde está Belo Monte, resultaron en el pasado en deforestación.

Algunos consideran que esta vez las obras pueden ser positivas. “La vida de mi familia mejoró 100%”, explica Luci Cleide, una de las 1.000 mujeres empleadas de la obra.

“Queremos aprovechar esta obra para traer calidad de vida a la región”, afirma Vilmar Soares, el responsable de la asociación local Fort Xingú.

Pero muchos temen más daños que beneficios. “Dicen que es una gran obra de desarrollo, pero no ha atraído más dinero al bolsillo de la población. Queremos nuestros ríos, la selva”, asegura Antonia Melo, una de las principales voces del grupo Xingú Vivo que integra a ambientalistas y pobladores contra la obra.

Del 20 al 22 de junio, en Rio de Janeiro, un centenar de gobernantes se darán cita en la cumbre de la ONU Rio+20 para debatir la sustentabilidad del planeta.

fuente: http://www.aininoticias.org

 

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